El Parlament aprueba que la fiscalidad de los casinos en Catalunya pase del 10% al 55%, lo que dificulta que el macrocomplejo del Camp de Tarragona se llegue a materializar, a pesar de la voluntad del Govern.

Este enorme impacto político puede desvanecerse a partir de este miércoles, después de que el Parlament haya aprobado la proposición de ley de ERC y los Comuns para revertir los privilegios fiscales al Centro Recreativo Turístico (CRT) de Vila-seca i Salou, el Hard Rock. El cambio legislativo, que ha tirado adelante con el apoyo también del PSC y de la CUP, supone modificar algunos de los artículos de la Ley 6/2014, validada por la cámara en mayo de 2014 y que suponía rebajar del 55% al 10% los impuestos a los ingresos provenientes de los casinos.

La modificación se tenía que votar en el pleno autonómico de diciembre, pero se retrasó porque Junts la llevó al Consell de Garanties Estatutàries, que la ha avalado. Tanto ERC como los Comuns consideran que la nueva tributación torpedea la rentabilidad del complejo y lo hace inviable, pero ni el Govern ni los alcaldes de los principales municipios afectados lo quieren enterrar. De hecho, el ejecutivo de Illa está decidido a continuar con la tramitación del plan urbanístico (PDU).

Los acuerdos de investidura hacen mover al PSC

Lo más significativo de los últimos meses ha sido el cambio del PSC, que siempre había defendido el proyecto y hace un par de años exigió su desarrollo para avalar los presupuestos de ERC. La actual aritmética parlamentaria y la necesidad que el Govern de Illa tiene de los votos de los republicanos y de los Comuns para aprobar las principales leyes lo han llevado a moverse y, de hecho, revertir la rebaja fiscal a los casinos ya figuraba en los respectivos acuerdos de investidura.

Con todo, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha manifestado que no cree que el cambio de fiscalidad suponga "un impedimento" para construir el complejo, si bien entiende que esto lo decidirá Hard Rock. A su vez, la portavoz y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, declaró hace unas semanas que "nosotros damos cumplimiento al acuerdo para la fiscalidad del juego y damos continuidad a un PDU que se tiene que tramitar. Y el promotor es quien tiene que comunicar, cuando llegue el momento, que quiere hacer".

A partir de ahora, se vuelve a la situación previa, de forma que un casino de las dimensiones del previsto en el Hard Rock —con una facturación que sin duda superaría los 4,5 millones anuales— tendrá un tipo impositivo del 55% sobre sus ingresos. 

A la espera de que la compañía promotora, que cuenta con centenares de restaurantes y decenas de hoteles y casinos en todo el mundo, se manifieste sobre sus intenciones, repasamos algunas de las fechas clave que han marcado la huella del Hard Rock en Catalunya.

7 de septiembre de 2012, la réplica a Eurovegas

Aquel día, en medio de una enorme crisis económica, el Govern de la Generalitat que presidía Artur Mas —entonces al frente de CiU— presentó en rueda de prensa un macroproyecto llamado BCN World, que se tenía que ubicar en unos terrenos entre Vila-seca y Salou (Tarragona) propiedad de CaixaBank y a tocar de Port Aventura. Lo hizo acompañado de Isidre Fainé, el factótum de la entidad financiera, y del empresario valenciano Enrique Bañuelos, entonces líder de la empresa Veremonte y conocido por la monumental quiebra que unos años atrás había protagonizado la inmobiliaria Astroc, un grupo que se había hinchado enormemente en la época de la burbuja inmobiliaria.

El BCN World era la réplica a Eurovegas, el proyecto que el magnate estadounidense Sheldon Adelson quería impulsar en el Estado, después de que este finalmente se decantara por Madrid en detrimento de Barcelona —lo quería construir al delta del Llobregat—. El tiempo convertiría a Eurovegas en humo, pero esto ya es otra historia.

Las dimensiones de la apuesta de Bañuelos comprada por el Govern de Mas eran colosales: un complejo con seis parques temáticos, en cada uno de los cuales habría un centro comercial, un centro de convenciones, un casino, un teatro y un hotel. En total, una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, 12.000 habitaciones, la promesa de crear 20.000 puestos de trabajo y una inversión prevista de 4.700 millones.

Aquel septiembre de 2012, Bañuelos confiaba en poner la primera piedra en un plazo de entre "12 y 18 meses" y que el complejo estuviera terminado en 2016. Para facilitar la puesta en marcha del proyecto, dos años después, el 29 de mayo de 2014, el Parlament aprobó una ley que rebajaba la fiscalidad a los casinos, piedra angular del complejo. Justo la que se ha modificado este miércoles.

10 de julio de 2017, la entrada de Hard Rock

En verano de 2017, apenas antes de los meses más intensos del procés independentista, la estadounidense Hard Rock haría su entrada como nuevo inversor para desarrollar el proyecto. Veremonte —la empresa de Bañuelos— había salido de él a principios de 2015. El año anterior, el Parlament había aprobado la ley del Consorcio Recreativo y Turístico (CRT) de Vila-seca y Salou y en 2016 la Comisión de Urbanismo del Camp de Tarragona dio la luz verde inicial al plan urbanístico, el PDU.

La multinacional norteamericana sería, finalmente, la única interesada en gestionar el complejo y recibió la licencia en julio del 2017. Esto supuso el cambio de nombre, se abandonaba definitivamente BCN World y pasaba a llamarse Hard Rock Entertainment World —popularmente solo Hard Rock—. Desde 2012, las magnitudes del proyecto ya se habían reducido sustancialmente y el PDU limitaba el conjunto del complejo a 700.000 metros cuadrados, a edificios con una altura máxima de 75 metros —en vez de 90—, y se pasaba de seis a un solo casino.

En concreto, el proyecto de Hard Rock contemplaba dos hoteles —uno con 600 habitaciones y otro con 500—, un casino con 1.200 máquinas tragaperras y 100 mesas de juego, una piscina de 6.000 metros cuadrados, una zona comercial con hasta 75 tiendas y un recinto con capacidad para 15.000 personas para conciertos y espectáculos.

La inversión inicial prevista bajaría a unos 700 millones y la generación de ocupación sería de 11.500 lugares de trabajos, eso sí sumando los directos e indirectos. Pese a la reducción de las magnitudes —aprobadas bajo la presidencia de Carles Puigdemont y con el líder de ERC, Oriol Junqueras, como vicepresidente y conseller de Economía—, si tiraba adelante tal como estaba planteado el casino del Hard Rock sería uno de los más grandes de Europa.

30 de septiembre de 2020, golpe judicial

La tramitación del Hard Rock se paralizó el 30 de septiembre de 2020, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaró parcialmente nulo el plan director urbanístico (PDU). En una sentencia que sería ratificada tres meses después —la Generalitat no presentó recurso— el tribunal tumbó el plan por el "riesgo de accidentes químicos" a causa de la proximidad de una parte de los terrenos del complejo con el polígono químico de Tarragona. El TSJC resolvió a favor del recurso contencioso-administrativo presentado por la plataforma Aturem Hard Rock y la entidad ecologista Gepec.

La sentencia obligaba a rehacer el PDU y a llevarlo nuevamente a aprobación de la comisión de urbanismo, pero desde entonces el proceso se ha complicado y se ha ido aplazando, con varios informes desfavorables. En octubre de 2022, el Departamento de Acción Climática de la Generalitat emitió un informe desfavorable sobre el proyecto que paró la tramitación. En concreto, el documento indicaba que no se cumplían los criterios de sostenibilidad ambientales requeridos, al faltar concreción en las "compensaciones ambientales y de garantía de conectividad ecológica".

El informe ambiental favorable es necesario para que la comisión de Urbanismo pueda validar definitivamente lo PDU y el plan se ha sometido a varios cambios a la espera de que el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica se vuelva a pronunciar. En paralelo, el Departamento de Empresa, a través de la dirección general de Industria, también alertó en septiembre de 2023 que el proyecto seguía sin cumplir los requisitos para evitar riesgos en caso de accidente químico.

Precisamente el pasado diciembre, el pleno del Parlament aprobó con los votos de PP y Junts una moción del primer partido que insta al Govern a aprobar el plan director urbanístico (PDU) para permitir el Hard Rock. El PSC se abstuvo —como Vox—, mientras que ERC, Comuns y CUP votaron en contra. El texto también instaba al ejecutivo que resuelva el informe de impacto ambiental. En todo caso, el Govern ya ha manifestado que continuará con la tramitación del PDU.

4 de marzo de 2023, miles de personas se oponen

Mientras que partidos como Junts —previamente CiU—, PP y, hasta el actual giro, el PSC siempre han defendido el megacomplejo de ocio y juego, la CUP y los Comuns siempre lo han rechazado. A nivel social, el tejido empresarial tarraconense también se ha mostrado favorable, y la oposición la ha liderado la plataforma Aturem Hard Rock —previamente Aturem BCN World—. En la última década ha impulsado múltiples acciones de protesta contra el macrocomplejo, con movilizaciones como la que se hizo el 4 de marzo de 2023 en Barcelona y que reunió a miles de personas. La manifestación también protestaba contra el Quart Cinturó y la ampliación del aeropuerto del Prat.

Además, Aturem Hard Rock también ha planteado batalla judicial y, por ejemplo, ha denunciado que ya "no era vigente" el contrato de compraventa de los terrenos donde está planteado el proyecto, porque "se han incumplido las cláusulas temporales". El contrato establecía que en un primer momento CaixaBank traspasaría los terrenos al Govern —a través del Institut Català del Sòl (Incasòl)— por unos 120 millones y, posteriormente, este los vendería a Hard Rock. La plataforma también ha cuestionado la vigencia de la licencia de casino, concedida por el Departamento de Economía en 2017 y que para Aturem Hard Rock está caducada.

A nivel de argumentario, la entidad considera que el Hard Rock es un proyecto "especulativo" y lo ve "insostenible" a nivel ambiental, un hecho que se ha acentuado en el actual contexto de sequía. De hecho, según reconoció el Govern, el complejo tendría un consumo de casi 1,1 millones de metros cúbicos de agua anuales, lo que equivale al de una ciudad como Reus, de más de 100.000 habitantes.

13 de marzo de 2024, el adelanto electoral

El desacuerdo alrededor del Hard Rock fue el elemento esgrimido por los Comuns para tumbar los presupuestos de 2024 del Govern, situación que llevó al entonces presidente, Pere Aragonès, a convocar elecciones anticipadas para el 12 de mayo. La formación liderada en el Parlament por Jéssica Albiach reclamaba que se parara el plan director urbanístico (PDU) del Hard Rock, mientras que el ejecutivo se había comprometido a revertir la rebaja fiscal a los casinos.

Finalmente, no hubo acuerdo —ERC y el PSC ya habían cerrado un pacto presupuestario, que necesitaba el "sí" de los Comuns para lograr la mayoría absoluta de la cámara—, y el final anticipado de la legislatura desencadenaría un adelanto de los comicios que profundizaría el descenso en las urnas de republicanos y Comuns y que impulsaría al PSC. Nueve meses después, pero, las cosas han cambiado y los socialistas se han movido de su defensa a ultranza del macroproyecto a aceptar revertir la rebaja fiscal.

7 de enero de 2025, ¿indemnizaciones a Hard Rock?

Tras la reunión del Consell Executiu celebrada aquel día, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, subrayó que la Generalitat no contemplaba tener que indemnizar a Hard Rock si finalmente el proyecto no se lleva a cabo. La razón esgrimida es que el Ejecutivo catalán tenía la voluntad de cumplir el "marco normativo" y, por lo tanto, completar la tramitación urbanística y que, en todo caso, sería la corporación privada la que decidirá continuar o no con el complejo.

Las palabras de la consellera llegaban después de que transcendiera un informe —que avanzó El País— realizado por el Gabinete Jurídico de la Generalitat en 2023 —al final de la presidencia de Aragonès—, según el cual el ejecutivo podría afrontarse a compensaciones de hasta 50 millones si el complejo no se materializaba. La realidad es que las hipotéticas indemnizaciones estarían vinculadas a la no aprobación del PDU o que a Hard Rock se le retirara la licencia para operar el casino.

Paralelamente, las últimas semanas los alcaldes de Vila-seca y Salou (Tarragona) han insistido que el complejo es viable aunque se haya quedado sin la rebaja fiscal, a pesar de admitir que el cambio lo hace más difícil. Mientras tanto quien no se ha pronunciado sobre la cuestión es justamente la compañía estadounidense. En última instancia, será Hard Rock quién tendrá que escribir el epitafio del macroproyecto, pero ahora mismo todo parece encaminarse a que la ruleta no llegará a girar nunca.

Por Marc Font